El precio de los pisos ya sube en Madrid, Baleares, Navarra, y Extremadura.

De la fragmentación estadística del sector inmobiliario también se pueden extraer conclusiones. Ningún índice coincide con otro, pero a veces la tendencia es claramente coincidente. Todos los datos apuntan a una ralentización de la caída y a cierta mejora en algunas autonomías. No se ha tocado suelo, pero, a tenor de los datos oficiales del tercer trimestre, publicados ayer, parece que el sector inmobiliario ha cambiado un poco el paso. En los últimos meses ha habido tres autonomías en las que el precio de los pisos ha comenzado a repuntar: Islas Baleares (donde los inmuebles residenciales se han encarecido un 4,4% interanual en el tercer trimestre), Navarra (2,8%) y Extremadura (2,2%). Pero esta vez la noticia es que a ellas se les ha unido la segunda región con más peso económico del país, la Comunidad de Madrid, cuyas viviendas se han encarecido un 0,3% interanual y un 0,6% intertrimestral. Se trata de la primera vez que el precio de los pisos crece en la Comunidad de Madrid desde el primer trimestre de 2008. Este aumento se debió a la revalorización anual de la vivienda usada de dicha autonomía (0,6%), según los datos del Ministerio de Fomento. “Estas áreas son las que más rápido y con mayor intensidad han realizado su corrección. Se trata de zonas donde la oferta existente ya resulta atractiva y la demanda se está posicionando”, argumenta Manuel Gandarias, director del Gabinete de estudios de pisos.com. El cambio de tendencia en esas cuatro autonomías descuella porque en el trimestre pasado no había ni una sola con datos positivos. De hecho, en Madrid, por ejemplo, el valor de las casas caía un 8,9%. El cambio ha sido de 9,2 puntos porcentuales. En términos generales, el precio de la vivienda cayó un 4,5% interanual (el menor descenso desde el cuarto trimestre de 2010) y un 0,4% intertrimestral. Se trata de un cambio frente al descenso del 7,8% del trimestre anterior. Así, el valor atribuido a la vivienda libre se situó en 1.495,3 euros por metro cuadrado, un nivel equivalente a 2004. Cabe destacar que los datos oficiales se basan en las valoraciones de las tasadoras, no en los precios cerrados o escriturados en ventas. Según la serie histórica de esta estadística, el precio medio por metro cuadrado ha descendido un 28,8% desde su nivel máximo alcanzado en el primer trimestre de 2008. Esto difiere mucho de los datos de la principal tasadora (Tinsa), que arrojan un desplome acumulado del 39%. Los números rojos siguen siendo mayoría en el mapa inmobiliario español. En el lado opuesto de Baleares, Navarra, Extremadura y Madrid se encuentran trece autonomías. Las mayores depreciaciones se registraron en La Rioja (-12%), Cantabria (-10,5%), Aragón (-10,2%), Castilla-La Mancha (-10%), Asturias (-9,9%) y Cataluña (-8,6%). El País Vasco se acerca a la estabilización (-0,2%). El precio medio del metro cuadrado de la vivienda nueva cayó un 2,5% en julio, agosto y septiembre, con respecto al mismo periodo de 2012. El de la usada, un 5,2%. Todo esto denota que “todavía hay un brecha importante entre los precios de oferta y los oficiales, que ronda el 15%”, según Gandarias. Ello significa que “los vendedores aún disponen de margen para negociar un descuento durante la operación, ya que el presupuesto del comprador se impone en un contexto de restricción del crédito”. Así, su previsión es que el precio de la vivienda siga cayendo en términos generales en 2014, “pero de un modo mucho más suave”. El economista jefe de La Caixa, Jordi Gual, por su parte, augura que ese ajuste se prolongará también en 2015. “La tendencia es a la baja. ¿Más moderada? Pudiera ser; dependerá de los bancos”, opina Julio Gil, director de la consultora inmobiliaria Horizone. “Pero aún no hay cambio de tendencia en los precios”, agrega. Es decir: aún queda un tiempo para ver que el precio de los pisos crezca. Por otro lado, el Ministerio de Fomento también publicó ayer la estadística de visados de obra nueva para uso residencial, que se situaron en 26.129 unidades en los nueve primeros meses del ejercicio. Es decir, un 26% menos. Desde el máximo alcanzado en 2006, con 865.561 visados, estos permisos se han desplomado más de un 95%. Los motivos -¿Por qué sube ya el precio de la vivienda en Baleares, Navarra, Extremadura y Madrid? Los expertos opinan que estas áreas son las que más rápido y con mayor intensidad han realizado su corrección. Se trata de zonas donde la oferta “ya resulta atractiva”. -Eso sí, los expertos prevén que el precio de la vivienda siga cayendo, en términos generales, en 2014, “pero de un modo más suave”. O sea, no se atisba aún una subida del precio medio nacional, como apunta Julio Gil, socio director de Horizone. Publicado en http://www.expansion.com/2013/11/29/empresas/inmobiliario/1385755291.html

El Consejo de Ministros aprueba el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones para adaptarla a los avances del sector

ESMARTCITY - 17/09/2013 El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La Ley actualiza la normativa para adaptarla a los cambios que está experimentando el sector de las telecomunicaciones y para favorecer el desarrollo futuro de la economía digital, considerada como un pilar económico con gran potencial por el Gobierno. El Proyecto de Ley actualiza la normativa vigente que data de 2003 y resuelve cuestiones que afectaban negativamente a la competitividad de los operadores de telecomunicaciones, como lo son la penalización del despliegue de nuevas redes, la inversión y la provisión de servicios. Por su parte, los usuarios verán mejoras en la cobertura, la velocidad de Internet y la reducción de precios y costes. Entre las novedades de esta Ley, se simplificará el despliegue de nuevas redes, favoreciendo el uso compartido de infraestructuras entre compañías y eliminando trabas para la concesión de licencias. Además, asegura la unidad de mercado y marca las bases para la inversión en redes ultrarrápidas fijas y móviles. La nueva Ley General de Telecomunicaciones se inserta dentro del Plan Nacional de Reformas que está llevando a cabo el Gobierno como parte esencial de la política económica. Ésta se enmarca dentro del impulso a la economía digital que el Ejecutivo ha puesto en marcha y cuyo eje central es la Agenda Digital para España. El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones introduce reformas estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones, con los objetivos principales de facilitar el despliegue de redes de nueva generación, tanto fijas como móviles, ampliando su cobertura, y mejorar la oferta de servicios innovadores a los ciudadanos, de mayor calidad y a precios más asequibles, impulsando condiciones más efectivas de competencia. La consecución de estos dos objetivos se basa en cuatro grandes pilares: Impulso a la competencia y mejora de los servicios a los usuarios: a través de análisis de mercado; mejora en los derechos relacionados con la protección de datos y privacidad de las personas; se precisa el régimen sancionador y se facilita el cumplimento de las obligaciones; la actuación de las Administraciones Públicas en la explotación de redes y provisión de servicios de telecomunicaciones se simplifica; se crea una Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud para aumentar la confianza en la seguridad medioambiental y se refuerza la potestad inspectora y sancionadora por parte de la SETSI. Recuperación de la unidad de mercado, de manera que los operadores de telecomunicaciones desarrollen su actividad en un contexto de reglas únicas en la toda la geografía española: A través del diseño de mecanismos de coordinación y colaboración del Estado con las CCAA y las Entidades Locales para que faciliten el despliegue de redes de telecomunicaciones, y el establecicmiento de requisitos técnicos comunes para el despliegue de redes, así como límites máximos únicos de emisión y exposición a campos electromagnéticos en todo el territorio nacional. Simplificación administrativa: con la simplificación de los procedimientos administrativos estatales para acceder al uso del espectro radioeléctrico y la supresión de licencias urbanísticas y medioambientales para el despliegue de redes de telecomunicaciones en dominio privado. Las licencias serán sustituidas por declaraciones responsables. Facilitar el despliegue de redes: lo que redundará en una ampliación de la cobertura para los usuarios. Para desplegar las nuevas redes de telecomunicación, los operadores podrán reutilizar las canalizaciones, conductos y emplazamientos de titularidad pública o de otras redes de operadores privados. Control del dominio público La nueva Ley refuerza el control del dominio público radioeléctrico y modifica otros textos legales como la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico introduciendo precisiones sobre las cookies. En este apartado, se clarifican las obligaciones y los responsables de su correcta gestión, como por ejemplo las redes publicitarias o agencias que no hubieran adoptado medidas para exigir del editor o prestador del servicio el cumplimiento de los deberes de información y la obtención del consentimiento del usuario. El texto cambia a su vez la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica de forma que los certificados reconocidos utilizados en el DNI electrónico pasan a tener una duración de 5 años, y no de 2 años como hasta ahora. Impacto en la economía Según un informe de la ONTSI, el sector TIC y de contenidos digitales en España facturó 100.828 millones de euros en 2011, con una inversión realizada por parte de las empresas del sector de 17.877 millones de euros. Más de 444.600 personas trabajaban en este sector en 2011. Según datos de 2012, el sector de las telecomunicaciones, que da empleo directo a 66.847 trabajadores, alcanzó una facturación de 35.228 millones de euros, lo que representa un 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Su inversión en ese período superó los 4.000 millones de euros. Según la Comisión Europea, en este momento en Europa existe una necesidad de inversión de más de 200.000 millones de euros para que todos los hogares dispongan de banda ancha ultrarrápida en 2020, objetivo recogido en la Agenda Digital para España. En España, se calcula una necesidad de inversión de unos 25.000 millones de euros. Según estudios de la Comisión Europea, un incremento del 10% en la penetración de la banda ancha conlleva un crecimiento del PIB de entre el 1% y 1,5%. Además, según estos estudios, duplicar la velocidad de la banda ancha en una economía supone un incremento del 0,3% del PIB. Este desarrollo conllevará una creación de más de 100.000 puestos de trabajo anuales en la Unión Europea entre 2010 y 2015. Hasta 2020, se estima la creación de unos 2 millones de empleos asociados a la innovación en servicios. Puedes ver el Proyecto de Ley completo en el enlace de abajo desde nuestra Biblioteca. Enlaces externos: www.minetur.gob.es