Los planes generales de ordenación urbana se agilizan para atraer inversiones

Las comisiones provinciales de coordinación serán el único cauce para los informes El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un nuevo decreto que regula las competencias de la Junta en materia de ordenación urbanística, que modifica la norma del 2008, con el fin de agilizar la tramitación y aprobación de los planes generales de ordenación urbana para atraer más inversión en los municipios. El objetivo de la Junta es facilitar y atraer inversiones en los municipios, una vez que se ponga fin a los trámites "más tediosos". A partir de la entrada en vigor de este decreto, los ayuntamientos deberán presentar una única solicitud dirigida a la Junta y en un plazo de tres meses se resolverá. La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha informado, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, de la creación de comisiones provinciales de coordinación urbanística, que se convertirán en el único cauce para la solicitud y recepción de los informes preceptivos para la ordenación de los planeamientos urbanísticos. Las nuevas comisiones provinciales estarán integradas por las distintas instancias técnicas de la Junta implicadas en el procedimiento urbanístico y en ellas podrán participar otras administraciones, instituciones, y expertos, así como los ayuntamientos afectados. El nuevo decreto permitirá a los ayuntamientos presentar, tras la aprobación inicial, una única solicitud dirigida a la Junta. A partir de aquí, la revisión de la documentación y la solicitud de subsanación se realizará de forma conjunta en un máximo de 10 días (plazo hasta ahora no regulado). Una vez completado el expediente, la Administración autonómica remitirá sus dictámenes en tres meses. Similar proceso se seguirá para la solicitud y envío de los informes que tengan carácter vinculante tras la aprobación provisional, aunque en este caso el plazo será de un mes, de acuerdo con la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA).

La Junta agiliza los trámites del planeamiento urbanístico para favorecer la actividad económica

El nuevo decreto de competencias en ordenación del territorio y urbanismo refuerza los mecanismos de cooperación con los municipios. El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto que regula las competencias de la Administración de la Junta en materia de ordenación del territorio y urbanismo. La norma, que sustituye a la vigente desde 2008, permitirá agilizar los trámites administrativos del planeamiento urbanístico para favorecer la actividad económica y reforzará las competencias de los órganos resolutorios y participación en estas materias. Entre otras novedades, el texto establece la creación de las Comisiones Provinciales de Coordinación Urbanística. Estos órganos, que actuarán en sus ámbitos territoriales como cauces únicos de cooperación con los municipios en la tramitación del planeamiento, integrarán y armonizarán los informes preceptivos que hasta ahora emitían por separado las diferentes consejerías de la Junta. Las nuevas Comisiones Provinciales estarán integradas por las distintas instancias técnicas de la Junta implicadas en el procedimiento urbanístico y en ellas podrán participar otras administraciones, instituciones, y expertos, así como los ayuntamientos afectados. Su actividad redundará en una reducción de plazos de respuesta, un ahorro de carga administrativa y económica y una mayor fluidez de la colaboración técnica con las corporaciones locales. Respecto a la tramitación de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y de las modificaciones de carácter estructural de los mismos (las que afectan a la clasificación del suelo, sistemas generales y edificabilidades y usos globales, entre otros aspectos), el nuevo decreto permitirá a los ayuntamientos presentar, tras la aprobación inicial, una única solicitud dirigida a la Junta. A partir de aquí, la revisión de la documentación y la solicitud de subsanación se realizará de forma conjunta en un máximo de 10 días (plazo hasta ahora no regulado). Una vez completado el expediente, la Administración autonómica remitirá sus dictámenes en tres meses. Similar proceso se seguirá para la solicitud y envío de los informes que tengan carácter vinculante tras la aprobación provisional, aunque en este caso el plazo será de un mes, de acuerdo con la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA). Gracias a la nueva norma, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ha situado en un año y medio el tiempo medio en que un plan general de urbanismo podría estar aprobado, siempre que todos los organismos cumplan con los plazos establecidos. Con el mismo fin de agilizar procedimientos y aumentar la participación social, el decreto faculta a la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía y a sus correspondientes Comisiones Provinciales para que aporten sus sugerencias y observaciones en la fase previa de la tramitación del planeamiento, y no al final, como hasta ahora. Estos órganos colegiados, que cuentan con la participación de las entidades locales, cambian sus denominaciones por las de Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo y Comisiones Territoriales de Ordenación del Territorio y Urbanismo, respectivamente. Ambos pasan a asumir las funciones técnicas de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística, que se suprime. Además, y para facilitar la agilidad y rapidez en la toma de decisiones, la composición de las Comisiones Territoriales pasa de 30 a 14 integrantes. Las medidas de agilización administrativa aprobadas supondrán una aceleración del proceso de mejora del planeamiento y adaptación de los municipios de la comunidad a la LOUA, una norma cuyo desarrollo supone una dotación global de suelo reservado para más de 285.000 viviendas protegidas, así como de suelo disponible –clasificado como 'urbano no consolidado' o 'urbanizable sectorizado u ordenado'– para más de un millón de viviendas. Serrano ha subrayado que el nuevo decreto no solo define un "nuevo modelo de ciudad", sino también supondrá una nueva herramienta para el desarrollo económico y una "mayor seguridad jurídica" para atraer inversión y crear empleo. Reparto de competencias En cuanto al reparto competencial, el decreto amplía las atribuciones de la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en relación con la aprobación definitiva de los planes urbanísticos. Estas competencias, hasta ahora circunscritas a las poblaciones de más de 75.000 habitantes, se amplían a todas las 'ciudades principales' y 'ciudades medias de primer nivel' definidas en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA): las ocho capitales de provincia y las localidades de El Ejido (Almería); Jerez de la Frontera, Algeciras, San Fernando, El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera, La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); Lucena (Córdoba); Motril (Granada); Linares (Jaén); Marbella, Antequera, Vélez-Málaga y Fuengirola (Málaga), y Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Écija y Utrera (Sevilla). En estos municipios corresponderá a la titular de la Consejería la aprobación de los planes generales y de sus modificaciones estructurales, mientras que en el resto serán competentes para ello las Comisiones Territoriales de Ordenación del Territorio y Urbanismo. En el máximo nivel competencial, el Consejo de Gobierno se reserva las atribuciones referidas a la aprobación, revisión y modificación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía; el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía; los planes con incidencia en la ordenación territorial; las declaraciones de interés autonómico de inversiones empresariales, y las suspensiones de instrumentos de planeamiento por razones de interés público o de salvaguarda de las competencias autonómicas. Finalmente, junto con las medidas de agilización y el reparto competencial, el decreto aprobado también introduce cambios en la regulación urbanística de las vías pecuarias y las zonas de protección de los cementerios. A partir de ahora, las primeras podrán clasificarse como suelo no urbanizable de especial protección o integrarse en la red de espacios libres de los municipios. Ello garantizará su titularidad pública y facilitará su uso y disfrute por parte de los ciudadanos. En cuanto a las zonas de protección de los cementerios, la norma abre la posibilidad de urbanizar en estos espacios contiguos. De acuerdo con los informes previos que emita la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, la franja de protección se podrá reducir a 50 metros en algunos casos o desaparecer por completo en otros.

La vivienda muestra la primera subida desde el comienzo de la crisis

Se trata de la primera alegría que da la vivienda desde que en los albores del 2008 estalló la burbuja inmobiliaria con su consecuencia de paralización de obras y paro masivo en el sector. Los datos provienen del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Fomento. Algo parecido – la subida raquítica de los precios de la vivienda – está sucediendo en el resto de Europa. Desde la Oficina Estadística de la Unión Europea, EUROSTAT, se pone en evidencia que las viviendas en España ha logrado en el tercer trimestre del 2013 una subida del 0,8% con respecto a los tres meses inmediatamente anteriores. Esto supone que es la primera vez que desde 2010 el precio de la vivienda en España sufre una ligerísima mejoría. A pesar de ellos si se analizan esos datos en términos interanuales el aumento del precio de la vivienda entre julio y septiembre del año 2013 ha sumado un retroceso del 6,4%. Sin embargo los datos también llaman al optimismo de los promotores ya que ese retroceso es menor que el producido en el segundo trimestre del 2013 que fue del 10,6%. Estos datos del aumento del precio de los inmuebles en España también tienen su correlato en el resto de Europa donde el precio de la vivienda también ha crecido, en concreto un 0,6% en tasa entre trimestres. Por otro lado además de estos datos el precio de la vivienda genérica también se recupera dado que el descenso interanual también parece que se esté frenando e incluso todo apunta a una mejora en el año que ahora comienza. Fuente: El Mundo

El precio de los pisos ya sube en Madrid, Baleares, Navarra, y Extremadura.

De la fragmentación estadística del sector inmobiliario también se pueden extraer conclusiones. Ningún índice coincide con otro, pero a veces la tendencia es claramente coincidente. Todos los datos apuntan a una ralentización de la caída y a cierta mejora en algunas autonomías. No se ha tocado suelo, pero, a tenor de los datos oficiales del tercer trimestre, publicados ayer, parece que el sector inmobiliario ha cambiado un poco el paso. En los últimos meses ha habido tres autonomías en las que el precio de los pisos ha comenzado a repuntar: Islas Baleares (donde los inmuebles residenciales se han encarecido un 4,4% interanual en el tercer trimestre), Navarra (2,8%) y Extremadura (2,2%). Pero esta vez la noticia es que a ellas se les ha unido la segunda región con más peso económico del país, la Comunidad de Madrid, cuyas viviendas se han encarecido un 0,3% interanual y un 0,6% intertrimestral. Se trata de la primera vez que el precio de los pisos crece en la Comunidad de Madrid desde el primer trimestre de 2008. Este aumento se debió a la revalorización anual de la vivienda usada de dicha autonomía (0,6%), según los datos del Ministerio de Fomento. “Estas áreas son las que más rápido y con mayor intensidad han realizado su corrección. Se trata de zonas donde la oferta existente ya resulta atractiva y la demanda se está posicionando”, argumenta Manuel Gandarias, director del Gabinete de estudios de pisos.com. El cambio de tendencia en esas cuatro autonomías descuella porque en el trimestre pasado no había ni una sola con datos positivos. De hecho, en Madrid, por ejemplo, el valor de las casas caía un 8,9%. El cambio ha sido de 9,2 puntos porcentuales. En términos generales, el precio de la vivienda cayó un 4,5% interanual (el menor descenso desde el cuarto trimestre de 2010) y un 0,4% intertrimestral. Se trata de un cambio frente al descenso del 7,8% del trimestre anterior. Así, el valor atribuido a la vivienda libre se situó en 1.495,3 euros por metro cuadrado, un nivel equivalente a 2004. Cabe destacar que los datos oficiales se basan en las valoraciones de las tasadoras, no en los precios cerrados o escriturados en ventas. Según la serie histórica de esta estadística, el precio medio por metro cuadrado ha descendido un 28,8% desde su nivel máximo alcanzado en el primer trimestre de 2008. Esto difiere mucho de los datos de la principal tasadora (Tinsa), que arrojan un desplome acumulado del 39%. Los números rojos siguen siendo mayoría en el mapa inmobiliario español. En el lado opuesto de Baleares, Navarra, Extremadura y Madrid se encuentran trece autonomías. Las mayores depreciaciones se registraron en La Rioja (-12%), Cantabria (-10,5%), Aragón (-10,2%), Castilla-La Mancha (-10%), Asturias (-9,9%) y Cataluña (-8,6%). El País Vasco se acerca a la estabilización (-0,2%). El precio medio del metro cuadrado de la vivienda nueva cayó un 2,5% en julio, agosto y septiembre, con respecto al mismo periodo de 2012. El de la usada, un 5,2%. Todo esto denota que “todavía hay un brecha importante entre los precios de oferta y los oficiales, que ronda el 15%”, según Gandarias. Ello significa que “los vendedores aún disponen de margen para negociar un descuento durante la operación, ya que el presupuesto del comprador se impone en un contexto de restricción del crédito”. Así, su previsión es que el precio de la vivienda siga cayendo en términos generales en 2014, “pero de un modo mucho más suave”. El economista jefe de La Caixa, Jordi Gual, por su parte, augura que ese ajuste se prolongará también en 2015. “La tendencia es a la baja. ¿Más moderada? Pudiera ser; dependerá de los bancos”, opina Julio Gil, director de la consultora inmobiliaria Horizone. “Pero aún no hay cambio de tendencia en los precios”, agrega. Es decir: aún queda un tiempo para ver que el precio de los pisos crezca. Por otro lado, el Ministerio de Fomento también publicó ayer la estadística de visados de obra nueva para uso residencial, que se situaron en 26.129 unidades en los nueve primeros meses del ejercicio. Es decir, un 26% menos. Desde el máximo alcanzado en 2006, con 865.561 visados, estos permisos se han desplomado más de un 95%. Los motivos -¿Por qué sube ya el precio de la vivienda en Baleares, Navarra, Extremadura y Madrid? Los expertos opinan que estas áreas son las que más rápido y con mayor intensidad han realizado su corrección. Se trata de zonas donde la oferta “ya resulta atractiva”. -Eso sí, los expertos prevén que el precio de la vivienda siga cayendo, en términos generales, en 2014, “pero de un modo más suave”. O sea, no se atisba aún una subida del precio medio nacional, como apunta Julio Gil, socio director de Horizone. Publicado en http://www.expansion.com/2013/11/29/empresas/inmobiliario/1385755291.html

El Consejo de Ministros aprueba el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones para adaptarla a los avances del sector

ESMARTCITY - 17/09/2013 El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La Ley actualiza la normativa para adaptarla a los cambios que está experimentando el sector de las telecomunicaciones y para favorecer el desarrollo futuro de la economía digital, considerada como un pilar económico con gran potencial por el Gobierno. El Proyecto de Ley actualiza la normativa vigente que data de 2003 y resuelve cuestiones que afectaban negativamente a la competitividad de los operadores de telecomunicaciones, como lo son la penalización del despliegue de nuevas redes, la inversión y la provisión de servicios. Por su parte, los usuarios verán mejoras en la cobertura, la velocidad de Internet y la reducción de precios y costes. Entre las novedades de esta Ley, se simplificará el despliegue de nuevas redes, favoreciendo el uso compartido de infraestructuras entre compañías y eliminando trabas para la concesión de licencias. Además, asegura la unidad de mercado y marca las bases para la inversión en redes ultrarrápidas fijas y móviles. La nueva Ley General de Telecomunicaciones se inserta dentro del Plan Nacional de Reformas que está llevando a cabo el Gobierno como parte esencial de la política económica. Ésta se enmarca dentro del impulso a la economía digital que el Ejecutivo ha puesto en marcha y cuyo eje central es la Agenda Digital para España. El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones introduce reformas estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones, con los objetivos principales de facilitar el despliegue de redes de nueva generación, tanto fijas como móviles, ampliando su cobertura, y mejorar la oferta de servicios innovadores a los ciudadanos, de mayor calidad y a precios más asequibles, impulsando condiciones más efectivas de competencia. La consecución de estos dos objetivos se basa en cuatro grandes pilares: Impulso a la competencia y mejora de los servicios a los usuarios: a través de análisis de mercado; mejora en los derechos relacionados con la protección de datos y privacidad de las personas; se precisa el régimen sancionador y se facilita el cumplimento de las obligaciones; la actuación de las Administraciones Públicas en la explotación de redes y provisión de servicios de telecomunicaciones se simplifica; se crea una Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud para aumentar la confianza en la seguridad medioambiental y se refuerza la potestad inspectora y sancionadora por parte de la SETSI. Recuperación de la unidad de mercado, de manera que los operadores de telecomunicaciones desarrollen su actividad en un contexto de reglas únicas en la toda la geografía española: A través del diseño de mecanismos de coordinación y colaboración del Estado con las CCAA y las Entidades Locales para que faciliten el despliegue de redes de telecomunicaciones, y el establecicmiento de requisitos técnicos comunes para el despliegue de redes, así como límites máximos únicos de emisión y exposición a campos electromagnéticos en todo el territorio nacional. Simplificación administrativa: con la simplificación de los procedimientos administrativos estatales para acceder al uso del espectro radioeléctrico y la supresión de licencias urbanísticas y medioambientales para el despliegue de redes de telecomunicaciones en dominio privado. Las licencias serán sustituidas por declaraciones responsables. Facilitar el despliegue de redes: lo que redundará en una ampliación de la cobertura para los usuarios. Para desplegar las nuevas redes de telecomunicación, los operadores podrán reutilizar las canalizaciones, conductos y emplazamientos de titularidad pública o de otras redes de operadores privados. Control del dominio público La nueva Ley refuerza el control del dominio público radioeléctrico y modifica otros textos legales como la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico introduciendo precisiones sobre las cookies. En este apartado, se clarifican las obligaciones y los responsables de su correcta gestión, como por ejemplo las redes publicitarias o agencias que no hubieran adoptado medidas para exigir del editor o prestador del servicio el cumplimiento de los deberes de información y la obtención del consentimiento del usuario. El texto cambia a su vez la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica de forma que los certificados reconocidos utilizados en el DNI electrónico pasan a tener una duración de 5 años, y no de 2 años como hasta ahora. Impacto en la economía Según un informe de la ONTSI, el sector TIC y de contenidos digitales en España facturó 100.828 millones de euros en 2011, con una inversión realizada por parte de las empresas del sector de 17.877 millones de euros. Más de 444.600 personas trabajaban en este sector en 2011. Según datos de 2012, el sector de las telecomunicaciones, que da empleo directo a 66.847 trabajadores, alcanzó una facturación de 35.228 millones de euros, lo que representa un 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Su inversión en ese período superó los 4.000 millones de euros. Según la Comisión Europea, en este momento en Europa existe una necesidad de inversión de más de 200.000 millones de euros para que todos los hogares dispongan de banda ancha ultrarrápida en 2020, objetivo recogido en la Agenda Digital para España. En España, se calcula una necesidad de inversión de unos 25.000 millones de euros. Según estudios de la Comisión Europea, un incremento del 10% en la penetración de la banda ancha conlleva un crecimiento del PIB de entre el 1% y 1,5%. Además, según estos estudios, duplicar la velocidad de la banda ancha en una economía supone un incremento del 0,3% del PIB. Este desarrollo conllevará una creación de más de 100.000 puestos de trabajo anuales en la Unión Europea entre 2010 y 2015. Hasta 2020, se estima la creación de unos 2 millones de empleos asociados a la innovación en servicios. Puedes ver el Proyecto de Ley completo en el enlace de abajo desde nuestra Biblioteca. Enlaces externos: www.minetur.gob.es

Nueva Oferta para promotores inmobiliarios

Para descarga de datos para tasación de Oficinas

Para descargar la información pinche aqui. La documentación esta comprimida con WINRAR, para obtener las claves de descompresión pongase en contacto con Arquisurlauro. Gracias por su colaboración.
Sólo se facilitaran las claves de descarga a profesionales autorizados por los promotores en cumplimiento de la ley de Protección de Datos.

El Ayuntamiento de Pizarra aprueba definitivamente su Nuevo Plan General

Desde el siguiente enlace : Descarga del Pgou de Pizarra aprobado definitivamente. Se puede descargar el nuevo PGOU para su consulta.

El nuevo documento prevé la construcción de 1.949 viviendas a 10 años vista, de las que como mínimo 600 serán de protección oficial, lo que contribuirá a satisfacer la demanda de vivienda protegida. En cuanto a la población, contempla un aumento estimado de 3.475 personas, un 39,55 por ciento, en cumplimiento con los criterios de crecimiento de población y de suelo fijados por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).

Por otro lado, en el ámbito de carreteras, ambos han abordado las actuaciones de mejora de la red viaria actual como el acondicionamiento de la A-343 entre Antequera y Valle de Abdalajís, cuya redacción de proyecto ha sido recientemente licitada por la Consejería de Obras Públicas, o el acceso sur a esta localidad.

Arquisurlauro asiste a las jornadas técnicas divulgativas del nuevo PGOU de Marbella

Los miembros de Arquisurlauro hemos asistido a las jornadas divulgativas del nuevo PGOU de Marbella organizado por el COA de Málaga y el Excmo. Ayuntamiento de Marbella. Estas jornadas estan destinadas a la divulgación de la normativa y aspectos técnicos del PGOU transcurrido ya más de un año de su entrada en vigor y habiéndose publicado en fecha reciente el documento denominado “Mejoras Técnicas" relativas a dicha Normativa Urbanística. Se pretende, a través de las 2 jornadas previstas, la impartición de un programa eminentemente práctico por profesionales, la mayoría técnicos del propio Ayuntamiento de Marbella, dirigido en exclusiva a los arquitectos que desarrollan su actividad profesional en la zona y a otros técnicos directamente  vinculados a la actividad edificatoria y urbanística. 

El programa se complementa con una ponencia relativa a Planeamiento urbanístico y Protección del Patrimonio histórico y arquitectónico en Marbella. 

Enlace con información de las jornadas.

Esto confluye en la intención de nuestra empresa de expandirse por la Costa del Sol con una nueva delegación en Marbella en los próximos días, para establecer una presencia perenne en esta maravillosa ciudad, en la confianza de que el desarrollo de este nuevo PGOU ofrecerá oportunidades de negocio y realización de nuevos proyectos.

Proyecto presentado en concurso privado restringido para Club Social en Campo de Golf en Altavista